En Barrancabermeja existen más de 900 niños, niñas y adolescentes estudiantes de colegios públicos con barreras de aprendizaje, entre ellos, niños con enfermedades crónicas como el cáncer que no reciben atención educativa hospitalaria o domiciliaria; 17 niños y jóvenes sordos que actualmente están yendo a estudiar pero no comprenden nada pues no cuentan con un intérprete, y 4 niños con discapacidad visual que requieren de profesionales para su acompañamiento.
Estos casos se repiten en todo el país por falta de voluntad política, puesto que, aunque para el caso de Barrancabermeja existe un presupuesto asignado de más de 500 millones de pesos desde el mes de octubre de 2019, los secretarios de educación anteriores no dejaron los procesos de contratación listos para que estos profesionales que prestan este apoyo a los colegios, empezaran a laborar desde el mes de enero como los demás docentes y así los niños con discapacidad no se atrasaran, pero sobre todo, no se sientan excluidos por el sistema.
La historia: el caso Barranqueño
Por allá en el 2004 un grupo de docentes del CASD se enfrentaron a una realidad: los niños sordos iban a estudiar pero no entendían nada en clase. Este panorama motivo a que promovieran hacer una “vaca” que les permitiera reunir un dinero para pagar a un intérprete y así traducir sus clases en lengua de señas.
Ya para el 2005 se logró la contratación de intérpretes por parte de la administración municipal, pero en el 2008 la contratación de los profesionales se dilataba en el tiempo (o sea, mamaban gayo para contratar) y la comunidad sorda empezó a usar las vías de hecho haciendo “paro” con el fin de hacer presión. Esta situación se repitió año tras año, al punto que en el 2012 toda la comunidad estudiantil de El Casd se sumó al paro que se convirtió en la única vía para hacer valer el derecho a la educación de la comunidad sorda… después llegaron operadores (con las mismas prácticas aberrantes como las hemos visto en el PAE) y complicaron el proceso, pues quisieron contratar personal que no estaba capacitado, situación que generó nuevamente un “paro”… y este ciclo se repitió por varios años.
En 2017 llegó una luz de esperanza con el decreto 1421 que reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, el cual ordenaba que la contratación debía realizarse directamente por las Secretarías de Educación, pero sobre todo definió que el presupuesto a favor de los estudiantes con discapacidad, se debe invertir en: 1) creación de empleos temporales de docentes de apoyo pedagógico, 2) contratación de apoyos que requieran los estudiantes, priorizando intérpretes de la Lengua de señas Colombiana – Español, guías intérpretes, modelos lingüísticos, mediadores y tiflólogos, y 3) herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas pertinentes de acuerdo a la reglamentación establecida.
En el decreto también reza que “las entidades territoriales certificadas en educación deberán garantizar la prestación eficiente y oportuna del servicio educativo al interior de su jurisdicción” pero como muchas normas en Colombia es letra muerta, pues aunque los colegios muy juiciosos reportaron el año pasado ante Sistema de Matriculas Estudiantil el número de estudiantes con discapacidad y ante la antigua Secretaría de Educación el número de profesionales que necesitaban, la administración anterior no dejó todo listo para que los por lo menos los niños sordos y ciegos pudieran estar en un salón de clase en condición de equidad.
La propuesta
Hasta donde llegó mi investigación, a pesar de lo que ordena la Constitución del 1991, el decreto 1421 de 2017, la lógica y el sentido humano, todo depende de la eficiencia administrativa para realizar los procesos de contratación a tiempo y sobre todo, priorizando los recursos para la contratación de profesionales idóneos. Esto último es muy importante porque por ejemplo, en los recursos del 2019 se destinaron más de 400 millones para la compra de mobiliario y no para contratar los profesionales requeridos por la población con discapacidad, porque de los 10 meses de clase de 2019, los niños sordos solo contaron con los intérpretes y modelos lingüísticos 6 meses, es decir perdieron 4 meses por no tener el traductor. Eso es falta de idoneidad (para no decir palabrotas).
La administración actual puede pasar a la historia si logra que Barrancabermeja sea la primera ciudad de Colombia que logre tal eficiencia en la administración de los recursos, que permita la cobertura completa a la población con discapacidad. Están los recursos y solo falta voluntad.
Una forma en la que lo podrían lograr tener presente este proceso cada año en el actual gobierno, sería incluyendo en las metas del Plan de Desarrollo la contratación oportuna de todos los profesionales de apoyo requeridos por los colegios; tal vez allí podría estar la esperanza para que los niños con discapacidad cuenten con profesionales a tiempo en estos 4 años. Sumado a esto, que se incluya la adecuación de infraestructura en colegios como El CASD, para que deje de inundarse cuando llueve y los niños con problemas de movilidad puedan transitar de forma cómoda. Ejemplo niños usuarios de sillas de ruedas, muletas, caminadores, etc.
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Logrando estas condiciones mínimas Barrancabermeja seguirá teniendo el orgullo de haber apoyado al joven que ganó el premio Andrés Bello en Química (2013) quien tenía baja visión, o la campeona paraolímpica en natación, o al campeón departamental de Judo (sordo). La educación abrirá posibilidades siempre y cuando se generen las condiciones de calidad requeridas.