El expresidente Donald Trump firmó un decreto en su primer día de mandato para eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, protegido por la 14.ª enmienda. Esta medida ha generado preocupación entre familias migrantes, ya que podría afectar gravemente a los hijos de inmigrantes indocumentados, dejándolos sin estatus legal y en riesgo de deportación. Según el Pew Research Center, en 2016 nacieron alrededor de 250.000 bebés de padres inmigrantes no autorizados en EE.UU., lo que demuestra el gran impacto que esta política podría tener en la población migrante.
Los estados más afectados serían California, Texas, Florida y Nueva York, donde reside la mayor cantidad de inmigrantes. Texas y Florida, de tendencia republicana, han mostrado apoyo a la política de Trump, promoviendo restricciones migratorias más estrictas. Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública, ya que una encuesta de NBC News/Wall Street Journal en 2017 reveló que el 65 % de los estadounidenses estaba a favor de mantener la ciudadanía por nacimiento, mientras que solo el 30 % apoyaba su eliminación.
Desde el punto de vista legal, la Corte Suprema ha sido instada a pronunciarse sobre el tema, aunque tribunales de menor jerarquía han rechazado previamente intentos similares. Trump ha criticado estas decisiones judiciales, argumentando que los jueces han excedido sus funciones al bloquear su política a nivel nacional. Mientras el debate continúa, la incertidumbre crece entre las familias migrantes, quienes temen por el futuro de sus hijos y la posible pérdida de derechos fundamentales.
