La desigualdad y la corrupción, son a mi consideración, los problemas estructurales que más impactan negativamente a la sociedad colombiana y de los cuales se derivan otros fenómenos igualmente nefastos, como: la pobreza, el conflicto armado, el narcotráfico, la deficiente inversión social y la precaria realización de los derechos humanos.
En materia de corrupción por ejemplo “según la Fiscalía General de la Nación, entre 2008 y 2015 el 81% de los delitos contra la administración pública estuvieron vinculados directamente con el cohecho (“soborno”), el peculado (apropiación de bienes y/o recursos públicos) y la concusión” reportándose en dicho periodo, 2.458 sanciones penales. Por otra parte “las cifras de la Contraloría muestran que las 2060 auditorías adelantadas durante el último cuatrenio produjeron 36.800 hallazgos de presuntas irregularidades administrativas, (…) y sus pérdidas pueden tasarse alrededor de 14 billones de pesos”.[1]
En mi opinión, la primordial tarea para enfrentar la corrupción como práctica socialmente tolerada, implica un esfuerzo colectivo de las instituciones encargadas de la formación del ser humano, orientado a transmitir pautas de comportamiento, creencias y principios -éticos, filosóficos y políticos-, que forjen personas íntegras y ciudadanos de actuaciones cotidianas honestas y con el carácter necesario para rechazar todo beneficio y utilidad de contenido ilegal e indebido.
Pero mientras recorremos el largo proceso de renovación ética que requiere la sociedad colombiana, tenemos el deber civil, de acudir a los mecanismos de participación ciudadana, para introducir cambios en las instituciones del Estado, en las relaciones de las autoridades públicas con la ciudadanía y en última instancia, en nuestra maltrecha democracia. En ese sentido, la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto de 2018, es un valioso escenario, para que la sociedad civil en ejercicio de la soberanía popular y a través del voto, promulgue un mandato contundente para la necesaria trasformación de las malas costumbres políticas y emita un mensaje de rechazo contra las acciones y prácticas, que facilitan el florecimiento de la corrupción.
La Consulta anticorrupción, establece un paquete de 7 buenas medidas destinadas a promover la transparencia, fortalecer el control ciudadano y profundizar la democracia participativa, tales como: evitar la concentración de poder derivada de la reelección indefinida de los políticos en las corporaciones públicas ( Concejos, Asambleas y Congreso), establecer la prohibición de beneficios penales para las personas condenadas por delitos contra la administración pública, contrarrestar la desigualdad salarial entre los ingresos de los altos funcionarios del Estado y la clase trabajadora, obligar a los funcionarios electos popularmente a hacer pública su declaración de bienes, patrimonio y renta, robustecer el presupuesto participativo, entre otras.
La corrupción afecta a la sociedad en su conjunto, al despojarla de los recursos necesarios para hacer inversión social y mejorar el nivel de vida de los asociados, por ende, los esfuerzos para superar este flagelo, constituyen una causa nacional de todos los sectores sociales y políticos. No desechemos la oportunidad de ser protagonistas de los cambios que requiere el país, recordando que por mandato legal, una vez cumplidos los requisitos relativos al umbral electoral y al número de votos favorables, “la decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática”[2]. Por las razones expuestas, Yo digo: 7 veces Sí.
[1]https://www.semana.com/nacion/articulo/detrimento-por-corrupcion-en-los-ultimos-anos-podria-superar-los-14-billones- .
[2] Artículo 41 de la Ley 1757 de 2015 en concordancia con el artículo 55 de la Ley 134 de 1994.
José Elías Zorro Manrique. Abogado, Especialista en Derecho público y Candidato a Magister en Derechos Humanos.