La Contraloría General de Santander ha dado a conocer un preocupante informe tras una exhaustiva auditoría realizada en la gestión del exgobernador Mauricio Aguilar Hurtado, donde se han encontrado evidencias de 86 presuntas irregularidades financieras y de gestión durante el año 2023.
En una comunicación dirigida al actual gobernador Juvenal Díaz, la Contraloría detalla que las presuntas irregularidades representan un posible daño fiscal estimado en $3.727 millones durante el último año de gobierno de Aguilar. Este informe preliminar de auditoría financiera y de gestión destaca una serie de hallazgos que abarcan diferentes aspectos administrativos, disciplinarios, financieros, sancionatorios y penales.
¿Qué tipo de irregularidades?
Entre los hallazgos más destacados se encuentran las presuntas irregularidades en la construcción de un puente peatonal sobre el río Chicamocha, el cual colapsó apenas cuatro meses después de su inauguración. Asimismo, se han detectado supuestas irregularidades en contratos suscritos por la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Infraestructura durante la administración anterior.
La Contraloría también ha señalado que la Gobernación de Santander, durante el año fiscal 2023, destinó de manera irregular recursos de capital para financiar gastos de funcionamiento, una acción que fue aprobada por la Asamblea de Santander.
Estas presuntas irregularidades han sido catalogadas como graves, dado su potencial impacto en las finanzas públicas y el correcto ejercicio de las funciones administrativas. La Contraloría ha adelantado que los hallazgos podrían tener implicaciones administrativas, disciplinarias, financieras e incluso penales, dependiendo de la evolución de la investigación y las pruebas adicionales que se recaben.
Ante esta situación, el gobernador Juvenal Díaz ha manifestado su compromiso con la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer estos hechos y garantizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Se espera que en los próximos días se continúe con el proceso de revisión y análisis para determinar las acciones a seguir en este caso.
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