¡Listo! Hay un documento entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, el primero que esta ‘justicia especial’ recibe en Colombia y lo recibe de las manos de Credhos, una corporación del Magdalena Medio que durante el último año y tres meses se dedicó a construir un documento que, sustentado con denuncias plenamente establecidas en Fiscalía, el acompañamiento y registro desde los medios de comunicación así como el registro a través del acompañamiento a las víctimas, recoge la versiones de quienes en medio del fuego cruzado, y fuera de éste, padeció las tragedias de la guerra.
La Sala
Fue Julieta Lemaitre, magistrada de la Sala de Reconocimiento, la encargada de recepcionar en sus manos el informe conformado por 30 casos que detallan cómo las Fuerzas Armadas del Estado coaptaron a la sociedad civil durante su participación en el conflicto armado contra los grupos insurgentes.
La magistrada Lemaitre, cartagenera y doctora en Derecho, explico que ahora la Sala de Reconocimiento en pleno se dedicará a contrastar la información recopilada en el informe con los que suministren los organismos del Estado a través de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, pero recuerda que éstos tienen igualdad de importancia a los suministrados por la sociedad civil.
“Llamaremos a las personas implicadas en los hechos mencionados a comparecer voluntariamente y contrastaremos lo mencionado por las personas con lo que entrega el Gobierno y a partir de esto miraremos si dicen o no la verdad de los hechos”, explicó la Magistrada.
¿Qué viene?
– Esta semana la Fiscalía General de la Nación anunció a la JEP que suministrará 17 informes donde recopila información de más de 110 mil casos relacionados con el conflicto armado de ambas partes negociantes del Acuerdo de Paz.
Julieta Lemaitre expuso las siguientes fases a partir de ahora, explicando que si el entrevistado dice la verdad de los hechos, emitirán una resolución de conclusiones para remitirlo ante la sección con reconocimiento del tribunal de paz, donde se impondría una pena alternativa por lo causado, pero que si por el contrario los responsables del conflicto no cuentan la verdad, la Unidad de Investigación – una especie de Fiscalía – deberá empezar una investigación a profundidad que determine si se le acusa o no.
Si al compareciente deciden acusarlo, se le realizaría un juicio adversarial donde tendrá la oportunidad de defenderse y se llegará a una decisión final de acuerdo a la verdad concluida.
“Estamos para solicitar que comparezcan ante el Tribunal de la Jurisdicción su versión de los hechos. Las FARC y la República que resulten implicados y no hayan comparecido, también serán llamados por esta comisión a entregar informes”, agregó Lemaitre.
El contenido
– Más de 30 organizaciones sociales ya han solicitado presencia de la JEP para suministrar informes y base de datos según sus territorios correspondientes.
Barrancabermeja, Yondó y San Pablo fueron algunas de las poblaciones priorizadas en el informe que la Corporación Regional del Magdalena Medio, Credhos, le suministró a la JEP, acotando acciones que vulneraron los derechos de la población civil con las masacres, desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales que vivieron a manos de organismos del estado, según Iván Madero, Presidente de la Corporación.
Finalmente Madero precisó que esperan elaborar un segundo informe en conjunto con otras organizaciones de la región.