El fiscal Gabriel Jaimes, en representación de la Fiscalía General de la Nación, solicitó a la juez 30 de control de garantías, en la audiencia que se adelanta este jueves, la liberación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Jaimes aseveró que, en la indagatoria que se le realizó al también exsenador, el pasado 8 de octubre de 2019 hubo inconsistencias y que, de continuar como va, se estaría violando el derecho al debido proceso.
El fiscal basó su petición en que, según su criterio, al expresidente Uribe no se le dio la posibilidad de confesión o sentencia anticipada, mecanismos para la terminación rápida de los procesos, y que en la revisión previa del caso se encontraron hechos según los cuales la forma de vinculación realizada afectaba el derecho al debido proceso. Además, concluyó Jaimés Durán, el caso debía seguir en la etapa de investigación lo que deja sin efecto la definición de la situación jurídica de Uribe, por lo que se mostró de acuerdo con otorgarle la libertad que solicitó su defensa.
En su intervención de casi dos horas, Jaimés afirmó que, previamente, en los casos que pasaron de la Corte a la Fiscalía (como el del expresidente), generalmente se han respetado las decisiones del alto tribunal, refiriéndose a la medida de aseguramiento.
La audiencia de Álvaro Uribe Velez inició pasadas las 9 de la mañana con la presentación de cada uno de los asistentes. La primera intervención la realizó la defensa del expresidente, que se extendió por un poco más de una hora; luego pasó el fiscal encargado del caso, Gabriel Ramón Jaimes Durán, quién inició pidiendo que la decisión que tomara la jueza 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, no debía verse como una victoria para ningún bando político.
La audiencia se retomó este jueves después de que la defensa del senador Iván Cepeda expresara el pasado 22 de septiembre que la jueza 30 de control de garantías no era competente para decidir si Uribe quedaba en libertad o no. Por ende, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tuvo que pronunciarse y decidió que la jueza 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, sí era competente para determinar si deja libre al expresidente, además confirmó que la ley por la cual debía llevarse el proceso es la 906 (sistema penal acusatorio).
Tras un descanso para almorzar, se espera que en el transcurso de la tarde se tome la decisión frente a la libertad del exsenador.
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