El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas solicitó al Ministerio de Justicia y a la Cámara de Comercio de Bogotá emitir sus conceptos sobre el caso de la empresaria y creadora de contenido conocida como Epa Colombia, quien busca acogerse a los beneficios establecidos por la ley de utilidad pública promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Adicionalmente, el despacho ordenó al área de asistencia social del Inpec realizar una visita sociofamiliar a la reclusa, que permanece privada de la libertad desde el pasado 30 de enero en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
La empresaria fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, tras ser hallada responsable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público y colectivo, así como instigación a delinquir con fines terroristas. El fallo se basó, entre otras pruebas, en un video de noviembre de 2019 en el que Epa Colombia incitaba a destruir instalaciones públicas como forma de protesta.
El juzgado también solicitó a la oficina jurídica de El Buen Pastor entregar toda la documentación contenida en la hoja de vida penitenciaria de la empresaria, con el fin de evaluar su proceso de resocialización.
Como parte del expediente, se recibió un informe de la Fundación Faruq Abdala Internacional, entidad que ha solicitado una revisión de la pena impuesta. En el documento se anexó un video en el que ciudadanos en situación de calle agradecen el apoyo recibido por parte de la empresaria, especialmente en procesos educativos y laborales.
Por su parte, el abogado Francisco Bernate Ochoa, defensor de Epa Colombia, radicó una solicitud formal para que se le conceda detención domiciliaria, argumentando avances en actividades de resocialización y liderazgo comunitario. Según explicó, su clienta ha impulsado iniciativas sociales como el proyecto “Aprende y Emprende con Epa Colombia”, enfocado en brindar oportunidades a poblaciones vulnerables, lo que, asegura, refleja un compromiso real con la reintegración social.
Una vez se recopile toda la información requerida, se programará la audiencia para escuchar la declaración de la empresaria.
