La empresa encargada de la fabricación y producción de pasaportes colombianos, Thomas Greg & Sons, demandó al estado colombiano en el año 2023. Esto, debido a un conflicto con la Cancillería relacionado a la adjudicación del contrato para la elaboración de los pasaportes.
Thomas Greg & Sons ha sido la empresa encargada de la operación de producción de este documento en Colombia durante los últimos 17 años. Sin embargo, en el 2018 la Cancillería de Colombia decidió abrir una nueva licitación para la producción de pasaportes, lo cual puso en riesgo la continuidad del contrato con esta multinacional de origen británico.
Pese a múltiples intentos de conciliación, en el 2023 Thomas Greg & Sons demandó al Estado colombiano, exigiendo una compensación de $117.000 millones debido a la decisión de la Cancillería de declarar desierta la licitación del contrato. La empresa interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que la decisión de abrir el proceso licitatorio generaba perjuicios económicos y afectaba sus derechos, ya que habían invertido en tecnología y personal para la producción de los pasaportes.
El contrato actual entre el Estado y la multinacional tiene vigencia hasta el 2 de octubre de 2024, lo que ha generado incertidumbre sobre los trámites y procesos de los pasaportes en espera. Si no se renueva el contrato, el Estado podría enfrentar no solo el pago de una compensación, sino también retrasos significativos en el sistema de emisión de pasaportes.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación convocó una mesa de trabajo con el objetivo de encontrar una solución oportuna a este contratiempo. De acuerdo con el Ministerio Público, la reunión se realizará de manera presencial el próximo martes, 27 de agosto, a las 3:00 p.m., en las instalaciones de la entidad. La mesa de trabajo fue solicitada el 21 de agosto por la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Representante Legal de Thomas Greg & Sons de Colombia, S.A., tal como se señala en una carta de la Procuraduría.
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