El debate sobre la aspersión de cultivos de uso ilícito en Colombia vuelve a encenderse tras la confirmación de nuevos contratos celebrados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estos documentos dan cuenta de la compra de un plaguicida químico con glifosato, lo que marca el retorno de esta controvertida estrategia de erradicación, esta vez de forma terrestre.
El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, aseguró que la decisión de reactivar la aspersión fue tomada el pasado 21 de febrero, en los últimos días de gestión del exministro de Defensa Iván Velásquez. A pesar de las críticas históricas por los posibles impactos en la salud y el medio ambiente, el Gobierno Nacional ha decidido avanzar con la medida, alegando la necesidad de reforzar la lucha contra los cultivos de hoja de coca.
La decisión ha generado una ola de reacciones, tanto a favor como en contra. Mientras sectores del Gobierno y de la fuerza pública defienden la aspersión como una herramienta eficaz para frenar el narcotráfico, organizaciones ambientales y de derechos humanos advierten sobre los riesgos del glifosato y la falta de consulta previa con comunidades afectadas.