El mandatario de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, tendrá que permanecer en su casa como sitio de reclusión por, supuestamente, haber interferido de manera irregular en el desarrollo de la consulta que se citó el 2 de julio de 2017 para revocarlo o mantenerlo en su cargo. La decisión la tomó el juzgado 46 de garantías de Bogotá al resolver una medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, que lo investiga por los delitos de perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir.
La Fiscalía lo tiene en el radar porque aparentemente hizo parte de una “organización criminal” encargada de impedir que la ciudadanía participara en la jornada de revocatoria. Según las investigaciones, el alcalde recurrió a varias maniobras como pagos de dinero en efectivo, intimidación a empleados, retención de cédulas, entre otras cosas, para evitar que la gente saliera a votar. Igualmente, –dijo la Fiscalía– existen grabaciones en donde se escuchaba la voz del alcalde dando instrucciones para impedir la participación.
En la audiencia que sobrepasó las tres horas, realizada en los juzgados de Paloquemao, el juez manifestó que se cumplen con todas las exigencias para que Echeverri Serrano vaya a prisión domiciliaria mientras avanzan las investigaciones. Por ejemplo, expresó que las actividades que involucraron a los mototaxistas –transporte esencial en el municipio– tenían dos objetivos específicos: dificultar la movilización de la ciudadanía para que ejerciera el derecho al voto y captar a los mismos conductores para que evitaran ejercer su derecho electoral.
El ente investigador, por ejemplo, sostiene que funcionarios de la alcaldía del municipio fueron amenazados con apartarlos de sus cargos si apoyaban los comicios, situación que tuvo en cuenta el juez en su dictamen. Otra de las maniobras, de acuerdo con las pruebas, era entregar mercados con la misma intención, un asunto del que también se habló en la audiencia. El día de la revocatoria, según la Fiscalía, se habrían organizado partidos de fútbol, bazares y competencias de piques con el mismo objetivo.
Aunque estos hechos fueron negados en su totalidad por el investigado, el juez afirmó que las pruebas presentadas ponen en de presente que un grupo de personas, entre los que se encontraba el mandatario, tenían como único deseo afectar el proceso democrático. Para el despacho, Echeverry Serrano podría obstruir la justicia y podría tener una influencia en la comunidad por su condición de mandatario regional.