Con la entrega certificada por parte del Gobierno Nacional como un municipio libre de explosivos antipersona, Barrancabermeja conmemoró el Día Internacional contra las Minas rindiendo un sentido homenaje a las más de 11 mil 500 víctimas que estos artefactos explosivos han provocado a lo largo y ancho del país. Se espera que, antes de finalizar el presente año, Santander sea declarado en su totalidad libre de este flagelo.
Las cifras
Según el comandante de la segunda división del Ejército Nacional, general Jaime Agustín Carvajal, el municipio registró 61 personas víctimas de esta herramienta violenta, de las cuales diez pertenecen a la población civil – 8 hombres y dos menores de edad – y 51 a las Fuerzas Pública. Además señaló que Santander tiene consignada alrededor de 288 colombianos perjudicados por este ‘sonoro asesino’, perteneciendo 138 a las Fuerzas Armadas y 150 a la ciudadanía.
Miembros militares dedicados a esta peligrosa labor narraron paso a paso cómo terminan declarando un territorio libre de minas antipersonal, estipulando que la labor de detección del explosivo también es complicada al tenerse en cuenta factores como las condiciones del terreno y la cantidad de minas que puedan hallarse enterradas en el mismo.
En Colombia se han reconocido 11.542 personas afectadas por las minas antipersonal: 7.036 pertenecieron o pertenecen a las Fuerzas Armadas mientras que 4.506 integraban familias colombianas de orden civil.
¿Cómo se desmina?
“Lo primero que hacemos es trazar una campo de estudio para determinar el perímetro a intervenir, para esto ha sido esencial la contribución de las comunidades campesinas, directa e indirectamente afectadas, porque son ellos quienes tienen mayor precisión sobre las condiciones de los territorios posiblemente minados”, acotó el general Carvajal, quien también precisó que esta tarea esta coadyuvada también por la Organización de Estados Americanos – OEA, quienes se encargan de certificar los territorios despejados.
Ahora, al declararse la totalidad del territorio barranqueño libre de este mal humano (el proceso inició en 2017 y concluyó en el primer trimestre de 2018), las autoridades militares y político-sociales proyectan continuar desplegando acciones de desminado en localidades como Matanza, Suratá, Vélez, Maracavita y más prontamente – en junio – Carmen de Chucurí, que a falta de detalles menores sería el próximo municipio declarado.
Celebrada la buena nueva tanto para la comunidad municipal, departamental y nacional, el general Agustín Carvajal concluyó declarando que las principales responsabilidades por ataques a la población civil indefensa bajo esta modalidad son los grupos al margen de la ley, precisando tanto al ELN como a las Farc y a las autodefensas.
Se estableció que los realizadores de las operaciones de desminado humanitario cuentan con un seguro de vida e indemnización en caso de ser víctimas al momento de las riesgosas maniobras, pero con antelación son capacitados por expertos militares.
