En los últimos años se ha observado un aumento de la criminalidad y los actos violentos en Barrancabermeja. Hurtos que se han vuelto balaceras en restaurantes, riñas que resultan en muertes en zonas de rumba y decenas de titulares de medios anunciando nuevos homicidios en la ciudad se han convertido en panorama en la Bella Hija del Sol. Como resultado, la ciudadanía tiene una alta percepción de inseguridad y zozobra.
La percepción es confirmada por los datos. Los homicidios en Barrancabermeja han venido aumentando sostenidamente desde la pandemia. Entre 2020 y 2023, la tasa de homicidios en Barranca creció casi un 600% y para el último año fue de 60 por cada 100 mil habitantes: doble el promedio nacional y triple el del departamento.
¿Qué explica este aumento en los homicidios?
Ante esta ola de violencia surge la explicación popular de que estos homicidios reflejan un “ajuste de cuentas” entre las bandas que controlan el microtráfico en la ciudad. Si bien suena plausible, no es del todo cierto.
Al mirar la naturaleza de estos grupos criminales se observa que no son organizaciones delictivas locales que delinquen para obtener las rentas del microtráfico y la extorsión. Por el contrario, estos grupos son la presencia urbana de muchos Grupos Armados Organizados (GAOs) que han aumentado su control territorial en el Magdalena Medio posterior a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.
¿Quiénes y por qué?
En una población de poco más de 200 mil habitantes, Barranca alberga al Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)), al ELN y más recientemente a disidencias de las FARC, como la Segunda Marquetalia. El control territorial de estos grupos ha aumentado constante y (no tan) silenciosamente en los últimos 4 años.
Amplios y extensos informes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos (como CREDHOS), denuncian la rápida expansión y el control territorial ejercido por estos grupos, en especial las AGC en la región. Posterior a la firma del Acuerdo de Paz, los territorios controlados por las FARC observaron una reconfiguración del poder y el recrudecimiento del conflicto armado.
Las AGC nacieron como una agrupación de disidentes del grupo paramilitar AUC, desmovilizado en 2005. En pleno COVID, se disputaban el territorio del sur de Bolívar con el grupo Los Caparrapos, mientras que forjaron alianzas con el ELN para mantener las rutas de narcotráfico en los municipios de Cantagallo y San Pablo. Para 2022, ya ejercían control sobre 6 de las 7 comunas de la ciudad y los corregimientos de El Llanito, El Centro y Meseta de San Rafael (CREDHOS, 2024).
¿Qué han hecho con este control?
Más allá del expendio de microtráfico, las AGC y otros GAO han consolidado un control de Barranca que les ha permitido afectar la infraestructura petrolera e infiltrarse en múltiples aspectos de la comunidad. Desde el año 2021 hasta mitad de 2023, se registraron un total de 14 atentados en los campos de producción de Ecopetrol en la ciudad: cuatro en 2021, seis en 2022 y cuatro en 2023. El ELN se atribuyó varios.
Además, han habido reportes de extorsiones a empresarios del sector comercial e hidrocarburos. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional entre enero de 2023 y julio de 2024 se registraron un total de 61 casos de extorsión. A pesar de los efectos dañinos que tiene este actuar delincuencial, la peor acción de estos grupos en la ciudad es que ha logrado infiltrar nuestras instituciones y sociedad.
En varios comunicados, las AGC han señalado públicamente a integrantes del CTI y la SIJIN como aliados de su estructura y en el pasado han sido capturados agentes de la Policía Nacional por vínculos con estos grupos en la región. En 2019, el subcomisario Gerardo William Molano Galvis y el patrullero Enrique De León Rodríguez fueron capturados por vínculos con las Águilas Negras y en 2020 el intendente Sthevenson Sánchez Benítez por pertenecer a “Los Rastrojos”. No siendo suficiente, existen reportes de integrantes de estos grupos con vínculo laboral con empresas contratistas del sector petrolero, desplegando así labores de inteligencia y manteniendo un perfil bajo ante las autoridades. En palabras de CREDHOS: “algunos sicarios de esta estructura trabajan en la formalidad durante el día y cometen hechos delictivos durante la noche” (CREDHOS, 2024, pp. 4).
La respuesta institucional
Las autoridades reconocen la naturaleza del problema. El coronel Cubillos reconoció que “hay varios grupos o bandas criminales que tienen un tipo de control en diferentes ollas y se vino un grupo de AGC a querer asumir estos controles de estos sitios de expendio y se ha generado esta confrontación (…)”.
Ante la gravedad de la situación, el alcalde Jonathan Vasquez prometió que a 100 días de su posesión, a inicios de este año, habrían avances en reducción de homicidios y varias acciones se han llevado a cabo desde las instituciones. De enero a julio de 2024 la Policía ha registrado un total de 641 capturas. En febrero, capturaron al presunto cabecilla del Clan del Golfo en Barrancabermeja y en el mes de julio se implementó el Plan Cazador como una estrategia entre Policía, Ejército y Alcaldía para mejorar la seguridad en las comunas. Más recientemente se anunció la llegada de 30 nuevos policías a la ciudad junto a la nueva comandante a cargo de la Policía del Magdalena Medio: Adriana Gisela Paz, cuya presencia mediática ha sido considerable hasta ahora.
El futuro es incierto
Si bien las acciones de las autoridades hacen eco y muestran capturas y operativos como logros, no sé si esto será suficiente para superar la verdadera crisis de seguridad que se formó, de la manera más literal, en el patio de nuestra casa. Los grupos armados se han infiltrado en el tejido mismo de nuestra sociedad. En el pasado ya han logrado corromper a miembros de la fuerza pública y muchos mantienen vidas de fachada en la ciudad para encubrir su accionar delictivo.
La única manera de vencer este problema empieza por aceptarlo como es: estas no son “banditas” o delincuentes de barrio. En la ciudad delinquen grupos herederos del paramilitarismo y las guerrillas que dejaron un legado de los más sangrientos en el país. Hoy por hoy, las AGC tienen mayor control social y del territorio que lo que llegaron a tener las AUC en su mejor momento (CREDHOS, 2024).
La hora de actos simbólicos quedó atrás, se necesitan verdaderas acciones de las autoridades con efectos reales y tangibles en la vida de los barranqueños. De nada sirven capturas y operativos que llenan titulares si las estructuras de estos grupos siguen fortaleciendo su control y accionar en la ciudad. Acciones de corto plazo que verdaderamente debiliten las estructuras de los GAO deben ir acompañadas del fortalecimiento del aparato de justicia, políticas de inversión, empleo y educación para los jóvenes de la ciudad. Solo con coordinación entre las instituciones competentes y la ciudadanía podrá Barrancabermeja liberarse.
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