En respuesta a la escalada de precios en los arriendos en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de una intervención gubernamental para contrarrestar la especulación inmobiliaria. Durante un discurso el 16 de julio en la Plaza de Bolívar, tras sancionar la reforma pensional, Petro destacó que la inflación actual, situada en un 7,18% interanual en junio de 2024 según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ya no está impulsada por los alimentos, sino por el aumento de los arriendos.
El informe del DANE reveló que las subclases que más contribuyeron al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en su variación anual fueron el arriendo imputado (7,94%) y el arriendo efectivo (8,07%), lo que muestra que arrendar una vivienda cada vez está más costoso. Además, la división de alojamiento, agua, electricidad y gas tuvo una variación del 9,25%, reflejando el creciente costo de arrendar una vivienda en el país.
Petro indicó que el incremento en los precios de los arriendos está por encima del crecimiento de otros precios, lo cual califica como especulación con la propiedad inmobiliaria. “La inflación que aún tenemos, que ya no pega en los alimentos (5,27% anual en junio), ahora se está ubicando en los arrendadores, cobrando más por el arriendo que lo que crecen los precios, especulando con la propiedad inmobiliaria”, manifestó Petro.
El reporte del DANE también señaló que los arriendos pesaron un 25% de la canasta de la inflación hasta junio, sumando el arriendo imputado y el arriendo efectivo. El primero se refiere al costo de ocupar una vivienda propia y el segundo a una vivienda alquilada a un tercero, lo que subraya la relevancia de los arriendos en el costo de vida de los colombianos.
En su discurso, Petro sugirió que el Gobierno podría intervenir el mercado inmobiliario si la especulación continúa, similar a las acciones tomadas para ajustar la fórmula de pago a los generadores eléctricos. “El Gobierno, mediante sus instituciones y la ley, debe cambiar la fórmula de pago a los generadores eléctricos y, si el mercado inmobiliario sigue especulando, también intervendremos allí,” afirmó.
Sin embargo, esta propuesta ha generado críticas. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, advirtió que una intervención estatal podría desestabilizar el mercado de arriendos. “Entonces hay riesgos de elevación de costos y de informalización; los precios obedecen a una condición de mercado,” mencionó Restrepo.
Alejandro Lobo, analista del mercado inmobiliario, destacó que regular los precios de arriendo sería inviable debido a la informalidad en muchos de estos acuerdos y la falta de un órgano capaz de controlar estos precios de manera efectiva. “El Gobierno debería centrarse en reducir el déficit habitacional,” recomendó Lobo.
Por su parte, la exministra de Vivienda, Catalina Velasco, reconoció la influencia del valor del arriendo en la inflación y sugirió la necesidad de ajustes normativos. “La Ley 820 de 2003 establece que el reajuste anual del canon no puede superar el IPC del año inmediatamente anterior. Si hoy se renovara un arriendo, su incremento sería el IPC de 2023 equivalente a 9,28%, mientras que la variación anual del IPC entre julio de 2023 y junio de 2024 es de 7,18%,” explicó Velasco, sugiriendo que la inflación esperada para 2024 será del 6%.
En contraste, Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, defendió el actual marco regulatorio y argumentó que los arriendos se autorregulan. “El incremento de los arriendos de vivienda urbana ha sido menor al 9,28% autorizado por la ley, pues apenas llegó a 8,07%,” señaló Ramírez. Además, destacó la necesidad de impulsar la construcción de vivienda nueva para aliviar la presión sobre el mercado de arriendos, especialmente en los estratos 1, 2 y 3.
La discusión sobre la posible intervención del Gobierno en el mercado de arriendos continúa, mientras las autoridades buscan medidas para frenar la inflación y aliviar el costo de vida para los colombianos.