La jueza a cargo del caso contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, denunció un grave episodio de amenazas contra su vida y la de su familia. Este alarmante giro en el proceso judicial evidencia los riesgos que enfrentan los operadores de justicia en contextos polarizados y de alta tensión social.
Durante la audiencia del 11 de diciembre, la jueza declaró que ha sido víctima de intimidaciones luego de negar una medida de aseguramiento solicitada contra el alcalde Vásquez. En sus 10 años de trayectoria como juez de control de garantías, aseguró que nunca había enfrentado presiones similares, calificando este caso como una experiencia inédita y peligrosa.
La jueza responsabilizó directamente al fiscal del caso, identificado como Verdugo, y a Luis Solano, una de las personas consideradas inicialmente como víctima en el proceso. Según la magistrada, las declaraciones del fiscal, calificadas como «irresponsables y falsas», habrían incentivado un clima de hostilidad en su contra.
Por su parte, señaló a Solano por publicaciones en redes sociales donde la acusó de prevaricato y promovió mensajes que, según la jueza, fomentan la violencia al sugerir que «merece la pena de muerte». Aunque estas publicaciones fueron eliminadas posteriormente, el daño ya estaba hecho, provocando una ola de ataques hacia la jueza y su familia.
La situación es aún más delicada, ya que las amenazas no solo están dirigidas a la jueza, sino también a su esposo (quien es fiscal) y a su hija de 5 años. Este acto no solo afecta la independencia judicial, sino que vulnera el núcleo familiar y exacerba la inseguridad en una región ya marcada por altos índices de violencia.
La magistrada subrayó que Barrancabermeja enfrenta una crisis de seguridad, con 146 homicidios reportados en lo que va del año. Este ambiente de violencia generalizada aumenta el peligro que representan las amenazas recibidas, haciendo urgente una respuesta contundente de las autoridades para garantizar su protección.
Este incidente pone de relieve los riesgos de politización y presión en procesos judiciales sensibles. La independencia de los jueces, un pilar esencial de la democracia, no puede verse comprometida por intereses externos ni campañas de odio en redes sociales.
Es imperativo que las instituciones responsables tomen medidas inmediatas para proteger a la jueza, su familia y demás operadores judiciales, además de investigar a fondo los hechos denunciados. De lo contrario, no solo se pone en riesgo la vida de las personas afectadas, sino también la credibilidad del sistema de justicia colombiano en su conjunto.
La jueza finalizó su intervención haciendo un llamado a las autoridades para garantizar su seguridad y la de su familia, y apeló al respeto hacia las decisiones judiciales, fundamentales para el equilibrio democrático. Este caso debe servir como un recordatorio de la importancia de proteger la labor judicial frente a cualquier tipo de intimidación.
