Esto sin duda terminará afectando al usuario final, debido a que tendría que pagar más por su estadía en el establecimiento; la tarifa, que será definida por el Gobierno Nacional, deberá ser calculada por el número de personas que visiten el lugar, y se ajustará anualmente dependiendo la cantidad de turistas del año anterior, de acuerdo con el Artículo 152 de la reforma.
La plata que se recoja de este impuesto tendrá que ser destinada e invertida exclusivamente en proyectos de recuperación y mantenimiento de las playas, ecosistemas marinos, manglares y el fortalecimiento del desarrollo económico y turístico en armonía con la protección de los recursos naturales.
¿Pero quién manejará estos recursos? Lo harán dos autoridades, por un lado el 60 % estará en poder de los municipios o ciudades en las que se encuentren las áreas de uso comercial y por las cuales se cobra la contraprestación, y el otro 40 % estará a cargo de la Dirección General Marítima (Dimar), añade la medida.
En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad encargada de recaudar los recursos liquidará el monto correspondiente a favor de este departamento, esto por no contar con municipios.