El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, presentó un balance positivo sobre las acciones del Gobierno Nacional para garantizar el acceso a la energía como un derecho fundamental. Entre los avances más destacados se encuentra la aprobación de la regulación para comunidades energéticas por parte de la CREG, que ha beneficiado a más de 25.000 familias.
Asimismo, la estrategia “Energía Solar para las Economías Populares” ha reducido hasta en un 50% los costos de energía para 186 pequeños negocios. Palma también resaltó la propuesta para intervenir la estructura tarifaria y revisar componentes como la comercialización, con el fin de mejorar las condiciones para los usuarios.
Durante el Consejo de Ministros del 7 de abril, Palma no solo presentó medidas, sino que también lanzó fuertes críticas al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en los cortes de energía en barrios populares a través de Afinia, filial de EPM.
Según el ministro, “apagar no es un derecho” y señaló que, mientras algunos sectores optan por interrumpir el servicio, el Gobierno está llevando energía a las zonas más necesitadas, en lo que considera un uso político del suministro energético por parte de las autoridades locales.
En materia de sostenibilidad, Palma reafirmó el compromiso del Ministerio con la transición energética mediante un plan de choque que busca asegurar la continuidad de proyectos de generación con punto de conexión. Este anuncio se alinea con los objetivos de diversificación y modernización de la matriz energética del país.
Además, el ministro informó que ninguna empresa generadora se acogió a la fórmula tarifaria propuesta por el Gobierno, que planteaba un régimen transitorio hasta 2028. Denunció la falta de voluntad de las generadoras para proponer alternativas, lo que, según él, demuestra una resistencia al cambio estructural en el sector.
Finalmente, el ministro Palma también abordó la problemática financiera que enfrentan las empresas del sector, como Afinia, que acumula deudas por más de 1,3 billones de pesos. Estas dificultades, agravadas por la falta de pago de subsidios por parte del Estado y entidades territoriales, han sido objeto de preocupación del gremio Andesco.
En respuesta, el Gobierno ha desembolsado más de 923.000 millones de pesos en lo corrido de 2025 y anunció un abono adicional de 400.000 millones en abril. Edwin Palma concluyó reafirmando su compromiso con una transición energética justa, que combine inversión, sostenibilidad y justicia social.
