La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, por supuesta violación de los topes electorales. Esta decisión, que también afecta a Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, marca el inicio de una investigación formal.
La medida, de carácter administrativo, señala que los gastos de la campaña en la primera vuelta electoral excedieron en $3.709 millones el límite permitido. En la segunda vuelta, el exceso alcanzó los $1.646 millones, lo que implica una presunta violación total de $5.355 millones.
El CNE votó mayoritariamente a favor de iniciar el proceso, con siete votos a favor y dos en contra. Entre los que apoyaron la decisión se encuentran los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes fueron los ponentes del caso, así como César Lorduy (Cambio Radical), Maritza Martínez (Partido de La U), Altus Baquero (Partido Liberal) y Cristian Ricardo Quiroz (Alianza Verde). Las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, ambas del Pacto Histórico, se opusieron a la decisión.
Aunque este proceso administrativo no implica la destitución del presidente, ya que dicha facultad sigue siendo exclusiva del Congreso, Petro respondió públicamente a través de la red social X (anteriormente Twitter), señalando que esto representaba el inicio de un “golpe de Estado”.
Además de Petro y Roa, otros involucrados en la investigación incluyen a Lucy Mogollón, tesorera de la campaña; María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, auditores, así como los partidos políticos Unión Patriótica (UP) y Colombia Humana.
Este caso pone bajo escrutinio las finanzas de la campaña del Pacto Histórico, y será el CNE quien determine si se confirma la violación de los topes de financiación electoral.
