El primer ministro peruano, Alberto Otárola, anunció el jueves que el gobierno peruano tiene la intención de adoptar el modelo carcelario de El Salvador como una medida para abordar la creciente crisis penitenciaria en el país. Actualmente, Perú enfrenta una situación preocupante con alrededor de 100,000 presos, de los cuales la mitad aún no ha recibido sentencia.
Otárola elogió la infraestructura carcelaria de El Salvador, describiéndola como «adecuada, moderna y eficiente». El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, respaldó esta iniciativa, destacando la urgente necesidad de cambiar el actual modelo carcelario en vista de la sobrepoblación carcelaria en el país.
La situación penitenciaria en Perú se ha vuelto insostenible, con la mitad de la población carcelaria aún esperando una sentencia. El gobierno peruano busca soluciones efectivas y ve en el modelo salvadoreño una opción a considerar.
Sin embargo, el modelo carcelario de El Salvador, implementado por el presidente Nayib Bukele, ha sido objeto de controversia internacional. Se destaca especialmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inaugurado en enero de 2022, destinado a albergar a pandilleros condenados o detenidos. A pesar de las críticas, las autoridades salvadoreñas aseguran que la cárcel opera al 30 % de su capacidad y no ha registrado muertes en su interior.
La posible adopción de este modelo por parte de Perú plantea preguntas sobre la efectividad y la implementación ética de estas prácticas carcelarias, generando debate tanto a nivel nacional como internacional. Se espera que el gobierno peruano aborde estas preocupaciones y garantice un proceso transparente y respetuoso de los derechos humanos en la implementación de cualquier cambio en el sistema penitenciario.
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