La semana pasada un video se hizo viral en redes sociales, donde se observa a trabajadores barranqueños de la industria petrolera, siendo obligados en medio de intimidaciones, a bajarse del transporte que los llevaría a la refinería de Cartagena. Detrás de esta situación hay un tema del que nadie ha querido hablar, la intermediación laboral.
Diremos aquí que la intermediación laboral es una norma, persona o colectivo de personas que se interpone entre un ciudadano que tiene el perfil para un cargo y el logro de que sea contratado o no. Por ejemplo, puede ir desde una condición territorial reglamentada, un pago en dinero, un favor, hasta en el peor de los casos una cuota ‘en especie’, lo cual se le exige a un ciudadano o ciudadana para poder obtener un cupo de trabajo.
A pesar de que hay normas que regulan este flagelo como por ejemplo el Decreto 1668 (2016), como dicen por ahí, “Hecha la norma, hecha la trampa”. Muchas personas han denunciado casos y al parecer no pasa nada. Hay que decirlo también, a las mujeres son a quienes peor les va en estos temas, sobre todo por temas de acoso sexual. Dicen que la intermediación laboral funciona, a través de intermediarios a quienes las empresas o instituciones les ha otorgado el poder de seleccionar al personal para trabajar en un proyecto o cubrir una vacante.
Pero lo que pasó en Cartagena ha pasado por muchos años también al interior de la misma Barrancabermeja, que incluso ha llevado a una disputa territorial que ha roto el tejido social y la visión conjunta de ciudad. Si bien, se dice que en el sector petrolero el tema es más pronunciado, la intermediación laboral existe en todas partes. Pero esta moneda tiene dos caras, por un lado, el reclamo legítimo que tienen las comunidades que habitan en los territorios de los que se extrae riquezas para el país, quienes no ven reflejada en su calidad de vida estos beneficios y a lo único que pueden apelar es a un puesto de trabajo por derecho o a través de los conocidos bloqueos, y la otra cara es, cómo algunos se aprovechan de esta situación para sacar partido y lucrarse cobrando por cupos de trabajo.
Básicamente, en la intermediación juegan cuatro actores, por un lado, una persona que necesita trabajar para llevar el pan a su hogar y en su desespero va estar dispuesta a pagar por un cupo con el fin de tener una ganancia así sea pequeña; por otro, están las empresas que tratarán de hacer lo posible para poder concertar y viabilizar su obra o trabajo requerido; otro jugador es el intermediador que realiza el filtro y da el aval de contratación, y finalmente está el gobierno, a quienes les hemos confiado la regulación de estos temas pero que guarda silencio y se hace de la vista gorda.
Al respecto, sería interesante conocer la opinión del Viceministro de Trabajo barranqueño, que debe conocer a profundidad esta situación histórica, o la posición de la USO que debería estar en función de los derechos de los trabajadores, incluso la del Presidente que estará por estos días en estas tierras. Ya es hora de que pasemos de la indignación a las acciones.
Cierro con el Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia que dice “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”. Dicen que hecha la norma, hecha la trampa, no obstante, seguiremos esperando esa especial protección del Estado. Si queremos que este país cambie ‘de verdad, verdad’, para empezar a estar bien, pongámonos de acuerdo en lo que está mal.
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