La Fiscalía General de la Nación acusó a Jairo Alfredo Fernández Queseep, exalcalde de Sincelejo, por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, además, al exsecretario de Salud, Remberto Carlos Gómez Martínez; y a la gerente del Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo, Salva Rapag Carmichael.
Los hechos están relacionados con el contrato interaministrativo por un tiempo de ejecución de 8 meses; esto desde marzo de 2015; dichos contratos beneficirían con alimentos a niños entre 6 meses a 3 años; mujeres de comunidades vulnerables,
indígenas, afrodescendientes; y población desplazada. Además de un subprograma de madres lactantes, salud sexual, salud oral y mental.
El hospital no tenía capacidad técnica ni operativa
La Fiscalía estableció que el contrato, ascendió a $420’000.000, fue entregado a un hospital que no tenía la capacidad técnica ni operativa para ejecutar el objeto contractual. Es así como, realizó cuatro subcontratos para garantizar el abastecimiento de productos médicos y alimentos, el transporte, material de papelería y de publicidad.
El material de prueba da cuenta de que el entonces alcalde de Sincelejo, al parecer, determinó que el contrato se debía entregar directamente al hospital sin que mediara un proceso de selección; ´por ellos, el centro asistencial fue beneficiado sin entregar una propuesta formal ni la presentación de su portafolio de servicios.
Lo subcontratado superó los $572’000.000, un valor muy por encima de los $420’000.000 del contrato original.
En la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción, estas actuaciones violaron dolosamente los principios de selección objetiva, planeación, responsabilidad, economía, trasparencia y publicidad. Hay evidencia de que se impuso un interés particular sobre las normas vigentes de contratación pública.
Finalmente, el contrato fue liquidado por el entonces secretario de Salud, Remberto Carlos Gómez Martínez; quien habría certificado el cumplimiento de todo lo pactado sin tener documentos que sustentaran cada una de las actividades presuntamente ejecutadas.
Las audiencias en contra del ex alcalde y los otros dos servidores publicos iniciarían en julio.
