Riesgos por sobrecostos en la contratación por la emergencia sanitaria del covid-19
La emergencia por el Covid-19 llevó a que los dirigentes del país tomaran las medidas necesarias para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Desde el presidente de la República hasta los alcaldes hicieron frente a la pandemia, y adquirieron insumos médicos, elementos de bioseguridad; y alimentos en grandes cantidades para sobrellevar el virus.
Sin embargo, las mismas instituciones saben como funciona el país, y que el cáncer de la corrupción no discrimina, por eso a inicios de la pandemia la Fiscalía la Contraloría y la Procuraduría crearon una mesa técnica y permanente para vigilar y evitar el mal uso o desvío de recursos públicos destinados a las ayudas humanitarias, por consiguiente, se desarrolló el programa ‘Transparencia para la Emergencia’.
En su momento, los jefes al frente de las entidades expresaron que no iban a permitir que los corruptos jugaran con las necesidades de la gente en medio de esta coyuntura: “Trabajo conjunto y resultados son la clave para frenarles el paso a los corruptos”.
En el desarrollo de ese programa los entes de control se abrieron varios procesos en la Procuraduría General de la Nación. Según la Contraloría en el 2020 se han suscrito contratos en el país que superan los 19,2 billones de pesos. De ese total, 3,3 billones tienen que ver contratos que se han firmado para atender la pandemia de coronavirus.
Dentro de esos contratos para atender la emergencia sanitaria el 68% , corresponden a un valor de 2,1 billones de pesos, y fueron para comprar insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos.
Alcaldías que estuvieron en el ojo por presuntos casos de corrupción en medio de la pandemia.
Girón (Santander)
La alcaldía, presuntamente habría firmado un contrato por 1.400 millones de pesos; con un contratista particular para el suministro de kits alimentarios para población vulnerable. El valor de cada kit reportado por la alcaldía era de 70.000 pesos, sin embargo, la Contraloría evidenció que realmente tenían un valor en el mercado de 53.191 pesos.
En su momento, Carlos Román, alcalde de Girón, señaló que no existió ninguna irregularidad, por lo que solicitó que auditaran directamente la contratación y ejecución de este. Hasta la fecha Carlos Román está fue destituido de su cargo y Claudia Milena Jaimes se encuentra de alcaldesa encargada.
Socorro (Santander)
La Procuraduría General de la Nación había suspendió a la alcaldesa Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por un Convenio que suscribió con la Corporación Rayos de Esperanza para la atención de 120 adultos mayores, a pesar del aislamiento obligatorio que los cobijaba. El monto del contrato fue de $125 millones y según la investigación que se adelantaba en su momento, la Corporación no contaba con la idoneidad y experiencia exigida para la ejecución por estar recientemente creada.
Sin embargo, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública; la cual dejó sin efecto el fallo que se habría proferido el pasado 27 de julio, en el cual se suspendió, por cinco meses, a la actual mandataria.
La Palma (Cundinamarca)
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde de La Palma John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato que tenía un sobrecosto de $65 millones de pesos, con el que se pretendía adquirir alimentos y artículos de aseo a una empresa que se dedica a la reparación de vehículos. Esos alimentos eran destinados a familias necesitadas de estratos 1 y 2.
Por estos hechos al alcalde John Pulido se le dio casa por cárcel; mientras se adelanta la investigación en su contra por manejos irregulares de recursos públicos.
Flandes (Tolima)
La Procuraduría abrió un proceso en contra del alcalde de Flandes, Yovanny Herrera Díaz, por presuntos sobrecostos durante la pandemia en los que habría incurrido en la compra de mercados que iban destinados a familias de escasos recursos, durante la pandemia en 2020.
Según el ente investigador se encontró una pérdida de aproximadamente 62 millones de pesos. Si bien los mercados fueron entregados, el valor de estos no correspondía al comercial establecido; por lo que hubo un detrimento de recursos públicos.
Guaduas (Cundinamarca)
El alcalde Germán Herrera Gómez fue investigado por dos contratos irregulares. El primero correspondía a unos mercados y productos de aseo; por un valor de $310 millones de pesos, el segundo era un contrato de suministros para un hogar geriátrico $250 millones también con presunta corrupción.
Sin embargo, El juzgado promiscuo de Guaduas, revocó la decisión de primera instancia y ordenó la libertad del alcalde tras considerar que la Fiscalía no había aportado las pruebas necesarias.
Y así son varias las alcaldías y gobernaciones que están o que han estado en la mira; por presuntamente no cumplir con los cánones de transparencia, eficiencia e integridad en contrataciones públicas durante la emergencia sanitaria.
Índice de Percepción de la Corrupción
Transparencia Internacional reveló el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, donde Colombia obtuvo 39 sobre 100 puntos ubicándose en el puesto 87 entre 180 países evaluados, donde se toma 0 como corrupción muy elevada y 100 que hay ausencia de corrupción. En el caso de Colombia, la calificación se mantiene al mismo nivel desde hace una década, pues siempre ha estado entre 36 a 39 puntos.