El Fiscal General Francisco Barbosa ha denunciado la existencia de una red de corrupción dentro de la Fiscalía General de Santander.
Hechos
El fiscal, Javier Alberto Rodríguez, y el agente investigador, Javier Enrique Pulido, son capturados la noche del viernes en Bucaramanga, tras haber recibido 110 millones por una extorsión para favorecer a un investigado penalmente.
Personal del Gaula y otras instituciones realizaron el operativo y captura por el delito de extorsión y concusión; el monto económico fue hallado en efectivo.
Al parecer, inicialmente los sindicados habían exigido una suma de 350 millones de pesos para solucionar jurídicamente su situación.
Vanguardia conoció que el fiscal capturado estaría al frente de investigaciones relacionadas con grupos al margen de la ley, paramilitarismo y guerrilla.
Pronunciamientos
Este hecho ha dejado conocer la corrupción existente en la Fiscalía de Santander.
Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, asegura que esta captura solo es una pequeña parte de la corrupción al interior de esta institución.
“Las pruebas indicarían que los dos funcionarios presuntamente harían parte de una organización criminal, que, por el manejo de información privilegiada sobre procesos penales, contactaban a los investigados en Bucaramanga para favorecerlos a cambio de dádivas y dinero. Sabemos que, en Bucaramanga, hay un grupo de funcionarios que están detrás de estas actividades”, indicó el Fiscal General.
#ATENCIÓN | Fiscal Francisco Barbosa anuncia captura de fiscal especializado de Santander y de investigador CTI que habrían exigido dinero para interceder en proceso de lavado de activos y extinción de dominio. Fueron detenidos cuando al parecer acababan de recibir $110’000.000. pic.twitter.com/nzDjY1ZZtO
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 10, 2021
Asimismo, aseguró que es responsabilidad desde la Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, desmantelar toda la red de corrupción en la seccional.
“No vamos a permitir que esto vaya a convertirse en práctica de algunos delincuentes que se ‘emparapetan’ en las entidades públicas. La Fiscalía no cesará en su objetivo priorizado de combatir la corrupción en todas sus fuentes”, agregó Francisco Barbosa
Investigación
Los funcionarios, al parecer, obtenían información de las personas investigadas por diversas conductas ilícitas en Bucaramanga y establecían contacto para ofrecerles ‘arreglos’ de sus situaciones jurídicas a cambio de dinero.
José Fernando Malaver Fuentes, denunció ser extorsionado por los dos funcionarios a cambio de beneficios en su proceso penal.
“Ellos tenían conocimiento del proceso que se estaba adelantando en contra del señor José Fernando, por lo que meses atrás decidieron contactar al señor y exigirle $350 millones a cambio de ayudarle a solucionar su caso. Sin embargo, como el señor Malaver no accedió a sus pretensiones, los dos funcionarios de la Fiscalía en Santander procedieron a coaccionar al señor José Fernando, amenazándolo de que si no entregaba el dinero le iban a capturar a la esposa y la iban a involucrar en el proceso”. Fuente reservada, aseguró.
Se vienen nuevas capturas
El abogado Rodrigo Parada, quien representa a las víctimas, refirió en plena audiencia que otros funcionarios de la Fiscalía seccional Santander estarían salpicados por la corrupción.
“Señora juez le solicito que el contenido de esta diligencia se haga mediante reserva, toda vez que en el marco de la investigación hay otras cuatro personas que están siendo investigadas”, señaló Parada
Yesid Lozano Rojas, fiscal en Bogotá, encargado actualmente de la investigación, ratificó que la investigación avanza contra cuatro personas más involucrados directamente con los capturados.
Cargos
Los cargos que podrían imputarse a Javier Alberto Rodríguez y Jairo Enrique Pulido, sería por el delito de concusión.
Se les impone medida de aseguramiento intramural para los dos sindicados ya que se consideran un riesgo para el proceso y la investigación.
La condena para el servidor público, oscila entre los 8 y 15 años de prisión y se inhabilita el ejercicio de cargos públicos por 15 años.
Además, el funcionario público acusado por el delito de concusión, perderá el derecho a solicitar prisión domiciliaria.
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