En la actividad Alcaldía, comunidad y funcionarios del Ministerio público revivieron la polémica sobre la corrupción en la entrega de licenciamiento de los rellenos sanitarios de la ciudad, el impacto ambiental en los cuerpos de agua y señalaron responsabilidades.
Darío Echeverri, Alcalde de Barrancabermeja realizó fuertes señalamientos a la CAS y Procuraduría, exigiendo de manera reiterativa revocar las licencias de los rellenos sanitarios Yerbabuena (El de REDIBA) y Anchicaya.
“Fue una irresponsabilidad y un acto criminal de la Corporación Autónoma de Santander CAS, dar licencias en un área de manejo hídrico y que REDIBA hace lo que se le da la gana allá” Echeverri
Sumado a esto resaltó la ausencia de sanciones por parte de la procuraduría en todo este proceso.
Ante las afirmaciones del Alcalde, Juan Gabriel Alvarez, Director (E) de la CAS hizo un llamado a la corresponsabilidad como instituciones, ya que, las licencias en su momento fueron suspendidas y la Alcaldía Municipal declaró emergencia Sanitaria en la ciudad lo que condujo a continuar con la operación del Relleno de Rediba.
“Hagamos cumplimiento a la norma, hay una emergencia sanitaria, usted la puede levantar y disponer en otro relleno sanitario que este autorizado por la Corporación y empezamos a darle cumplimiento, es cogernos de la mano, la Ciénaga San Silvestre hay que recuperarla”
Ante la solicitud del alcalde de revocar las licencias, expresó “si no se cumplió en su momento con el debido proceso se revocaran y se ordenará que se hagan las investigaciones correspondientes” “Las denuncias que se han hecho se van a verificar cumpliendo con la ley y el debido proceso”.
Por su parte Gabriel Jaime Dávila en representación de a Procuraduría Regional de Santander, explicó que la institución no tiene la autonomía para cerrar los Rellenos Sanitarios, la función que ellos adelantan es Preventiva, disciplinaria y de intervención.
Para este caso la procuraduría va a actuar de manera preventiva, el 30 de marzo se espera la entrega del informe de las instituciones que participaron en la visita ocular a la Ciénaga San Silvestre realizada el pasado 9 de Marzo para que haya un pronunciamiento por parte del Procuraduría el 20 de abril.
Problemática de los Lixiviados
Ante la problemática de los lixiviados que se generan por las basuras, la comunidad en representación de Yesid Blanco, Leonardo Granados y Oscar Sampayo, denunciaron el mal manejo que REDIBA ejecuta en este proceso y las consecuencias para las fuentes de agua superficiales y subterraneas y posteriormente la salud.
Según Leonardo Granados, sumado a que los rellenos están construidos en una zona autorizada solo para actividades agropecuarias, Rediba está realizando vertimiento ilegales de lixiviados en las fuentes hídricas cercanas, hechos que han quedado evidenciados en vídeos.
“Rediba no tiene permiso de vertimientos, cada camión suelta 50 litros diarios de lixiviados por los sectores rurales de Barrancabermeja”
Por otra parte Yesid Blanco expuso su preocupación ante la filtración de lixiviados en fuentes de agua subterraneas que hay en el sector donde esta ubicado el relleno y explicó que son líquidos cargados de mercurio y metales pesados que finalmente terminan en la Ciénaga San Silvestre, principal fuente de captación del agua para los barranqueños.
Y manifestó su desconfianza ante el nuevo contratista de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR quienes son los mismos que hicieron el relleno de Rediba.
Ante la pregunta sobre la planta de tratamiento de lixiviados, Abogada de la CAS respondió que se exige luego de 5 años de estar en funcionamiento el relleno.
Según la literatura esto se debe a que dentro de los primeros 5 años se crean piscinas donde se depositan los lixiviados y se recirculan para posteriormente implementar la planta.
Posibles Rellenos Sanitarios que reciben las Basuras
Darío Echeverri, Alcalde de Barrancabermeja respecto al traslado de las basuras afirmó que el Relleno Sanitario La Doradita ubicado en la Dorada, tiene cupo disponible para recibir las basuras de la ciudad, pero debe preguntarle a los ciudadanos si están dispuestos a asumir el costo en la factura, $10.000 mil para estratos 1,2 y 3 y $15.000 para estratos 4 y 5.
Propuesta que Juan Gabriel Alvarez, Director (E) de la CAS refutó “Eso no es de preguntarle al pueblo, es tomar las medidas que por orden constitucional en la Ley 142 de los servicios públicos le están diciendo a usted como autoridad local”.
Y le hizo una invitación a tomar decisiones en el asunto.
Finalmente quedó en el auditorio un sin sabor y un sentimiento de impotencia ante las evidencias de negligencia y corrupción y la posición de las instituciones que se lavan las manos y se pasan la responsabilidad unas a otras sin mostrar respuestas o soluciones a la problemática que cada día aumenta.