El pasado 27 de enero, al menos 163 mujeres fueron violadas y quemadas vivas durante la fuga masiva de más de 3,000 presos de la prisión central de Goma, tras la toma de esta ciudad por el Movimiento 23 de Marzo (M23), según un informe de la misión de paz de la ONU (Monusco). La ministra congoleña de Derechos Humanos, Chantal Chambu Mwavita, presentó las denuncias ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra.
La prisión albergaba a numerosos condenados por violencia sexual contra mujeres. El incendio y el caos desatado provocaron, además de la muerte de las reclusas, una proliferación de armas ligeras, saqueos de edificios legales y ataques contra defensoras de mujeres víctimas de violencia. También fue bombardeado el hospital materno de Goma, causando la muerte de mujeres embarazadas y madres recientes.
La ofensiva del M23, compuesto principalmente por tutsis supervivientes del genocidio ruandés, ha intensificado el conflicto con Ruanda. El Gobierno congoleño acusa a Kigali de apoyar al grupo rebelde, lo que ha sido confirmado por la ONU. Por su parte, Ruanda y el M23 denuncian la colaboración del Ejército congoleño con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo vinculado a los perpetradores del genocidio de 1994, una acusación también corroborada por las Naciones Unidas.
Esta masacre y el aumento de los ataques militares han debilitado aún más los esfuerzos por proteger a las víctimas de violencia sexual, exacerbando la crisis humanitaria en Kivu del Norte.
