El pasado 5 de junio se cumplieron 10 años de una de los actos más vergonzosos de la historia del Perú, el denominado ‘Baguazo’ o mejor conocido como ‘La Masacre de Bagua’. Más allá de las implicaciones y el Casus Belli, el aniversario de aquella tragedia tiene como objetivo el reflexionar sobre la violencia que azota diferentes rincones de América Latina y la irresponsabilidad política en situaciones abrasadoras las cuales pueden llevar a tener como saldo heridos o en el peor de los casos la terminación violenta de vidas humanas, además de la necesidad de la intervención de grupos nativos en políticas económicas que involucren zonas de presencia indígena.
En el marco del ‘Conflicto de Bagua’ el cual se desarrolló en Bagua, ciudad peruana que hace parte de la provincia del mismo nombre, perteneciente al Departamento de Amazonas, entre el 2008 y el 2009, el cual se originó tras las firmas de los decretos legislativos Nº1064 y Nº1090, por parte del entonces presidente Alan García Pérez, con los cuales se daba vía libre a las multinacionales para realizar procesos para la explotación de madera y aceite en tierras aborígenes peruanas, esto tuvo como consecuencia manifestaciones por parte de las comunidades indígenas en las principales vías regionales del país.
Por más de un año tras la firma de los actos legislativos, los constantes bloqueos viales y tomas de zonas petroleras por parte de los grupos indígenas desencadenaron un escalonamiento de la violencia tal, que el presidente Alan García dio la orden de desalojar por la fuerza a los aborígenes de las vías regionales en las cuales se manifestaban; la orden dio como resultado La Masacre de Bagua.
El 5 de junio de 2009, en horas de la madrugada, un grupo de policías del DINOES (Dirección Nacional De Operaciones Especiales) en la denominada ‘Curva del Diablo’ agredieron violentamente a un grupo de indígenas de la comunidad awajún (Aguaruna) y wampis (Huambisa) con disparos de arma de fuego desde tierra y desde el aire usando un helicóptero el cual servía de apoyo a las unidades en tierra. La masacre dejó como consecuencia 10 indígenas muertos y más de un centenar resultaron heridos. Pasadas unas horas los grupos del DINOES al verse rodeados por los nativos decidieron rendirse dejando sus armas con el objetivo de que cesara la violencia, sin embargo, la indignación de los grupos indígenas por el asesinato horas antes de miembros de su comunidad los llevó a asesinar con métodos como el degollamiento a más de 20 policías los cuales no tenían como defenderse. La masacre dejó como saldo aproximado 33 muertos (23 policías y 10 civiles), al Mayor de la Policía Felipe Bazán desaparecido, 200 heridos (170 indígenas, 50 de ellos con impactos de proyectil, y 30 policías) y más de 100 detenidos.
Tras la masacre diversos análisis y debates se han llevado a cabo en el Perú con el fin de que actos tan tristes y vergonzosos para la sociedad peruana no se vuelvan a repetir. Entre las conclusiones están las de brindar el derecho de consulta a las comunidades indígenas las cuales son las habitantes de aquellos sectores que son entregados sin más a las multinacionales; el fortalecimiento de entidades indígenas para el desarrollo de diálogos que eviten el escalamiento de la violencia; y la inclusión del Estado a las comunidades indígenas la cual siempre es tenida como un cero a la izquierda.
Sin embargo, los análisis y las conclusiones a las que han llegado las entidades gubernamentales no se han puesto en práctica en su totalidad debido a que desde hace 10 años hasta la fecha se han registrado innumerables tomas indígenas a regiones petroleras, mineras, carboníferas y madereras, debido a que el Estado nunca consulta sobre la posibilidad de extraer recursos de sus regiones nativas. Un ejemplo es la toma del Oleoducto Nor Peruano en la Estación 5 de Petroperú por parte de comunidades indígenas a principios del mes de julio del presente año, la cual no solo llevó al escalonamiento de la violencia por parte del estado y los nativos, sino también de la tardía intervención de la estatal petrolera Petroperú al derrame de hidrocarburos que se presentó en la zona generando un grave problema ambiental.
La reflexión se debe extender a cada hogar, dialogar con diferentes sectores para evitar que brote del suelo la sangre, que la violencia escale hasta llevar a las agresiones físicas o la muerte. Las comunidades deben exigir que los mandatarios y congresistas agenden reuniones frecuentes con líderes indígenas de las diferentes comunidades nativas para así llegar a acuerdos comunes que permitan el crecimiento de las economías por métodos de extracción de recursos naturales que respeten los el medio ambiente y por ende los territorios ancestrales.
